Tras la aprobación definitiva en el Pleno del Senado de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el ministro Caamaño afirmaba que esta norma “reconoce a las mujeres sus derechos, las atiende, las acompaña y equilibra (…)”.
Pensemos, por un momento, en el millón de hogares en España en el que todos sus miembros están en paro. Imaginemos que una mujer de una familia en la que ninguno de sus componentes está en activo –y tal vez con un aviso de embargo de su piso- se queda embarazada, de forma inesperada. Tal vez, en lo más hondo de su corazón desea tener a su bebé, pero la situación económica en su hogar es tan terriblemente asfixiante, que esta mujer decide compartir su angustia y su desesperación, y pide consejo en los Servicios Sociales correspondientes a su domicilio. ¿Le van a dar la enhorabuena? ¿Qué le pueden proponer?
Supongamos que otra mujer, al inicio de una prometedora carrera profesional, se queda embarazada de forma inesperada. Cuando se lo comunique a sus jefes/as, ¿le van a dar la enhorabuena? ¿La animarán proponiéndole una estupenda fórmula para compaginar la maternidad con su próspera carrera profesional?
Reflexionemos, por último, sobre el caso de la adolescente, que a pesar de tener a su alcance cada vez más información sobre métodos anticonceptivos y sexo seguro, resulta que se queda embarazada. ¿Qué le va a decir el chico que la embarazó? ¿Le va a dar la enhorabuena?
Y así, tantísimas mujeres que, en una situación de especialísima vulnerabilidad, por tener que tomar una decisión ante un embarazo inesperado, frente a la angustia, la indecisión, y la presión social, harán lo normal, lo que haría cualquier mujer en una situación similar.
No nos engañemos. No se ejercita un “derecho” por parte de quien está de acuerdo con el mismo, “y que las mujeres que no compartan la norma no hagan uso de él”, como dijo la flamante senadora Pajín poco antes de la aprobación definitiva de esta Ley. No se trata simplemente de reconocer un derecho para quien lo quiera ejercitar, se trata de imponer el aborto como norma. Estamos, por tanto, ante un evidente proyecto ideológico, que bajo el pretexto de una supuesta ampliación de derechos para la mujer, lo que pretende –y ya está consiguiendo- es cambiar profundamente la mentalidad de nuestra sociedad. Intentan transformar –o mejor dicho, trastornar- nuestra escala de valores a golpe de Ley Orgánica, y que todos asumamos que lo “normal”, ante un embarazo imprevisto, y en situación de dificultad, es abortar.
Dentro de unos años, cuando superemos esta grave crisis de nuestra economía, y aquella familia con todos sus miembros en paro consiga normalizar su situación económica, cuando aquella mujer haya alcanzado las más altas cotas profesionales, y cuando aquella adolescente haya dejado de serlo, estas mujeres quizás recuerden aquel instante en el que la posibilidad de una nueva vida se truncó en la soledad del abortorio, tal vez se arrepientan de haber tomado aquella decisión irreversible, quizás desearían tener entre sus brazos a aquel bebé que nunca nació.
Dentro de unos años, cuando la tasa de crecimiento vegetativo en España comience a ser negativa, muchos se acordarán de tantos huesecillos diminutos triturados, tirados al cubo de la basura, de tantas personas a las que no se les dio la oportunidad de serlo, y quizá se den cuenta, de que el progreso fue un retroceso, y que el derecho a la vida fue preterido en favor del derecho a la muerte.
Es posible, también, que estas mujeres de nuestro ejemplo hubiesen tomado una decisión bien distinta si ante la angustia del embarazo inesperado se hubieran sentido atendidas, acompañadas, equilibradas.
Susana Álvarez Sánchez.
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